La detención de una peruana de 42 años en el aeropuerto de Bali ha causado impacto internacional debido a la severidad de las leyes indonesias en materia de narcotráfico. La mujer fue intervenida el 12 de agosto tras arribar a la isla procedente de Catar, cuando los agentes de aduanas sospecharon de su comportamiento y solicitaron un control adicional.
Durante la inspección, las autoridades hallaron 1,4 kilos de cocaína distribuidos en distintas partes de su cuerpo. Parte de la sustancia estaba camuflada en un juguete sexual introducido en sus genitales, mientras que el resto fue encontrado en su ropa interior. Los oficiales también informaron que llevaba decenas de pastillas de éxtasis escondidas en el sujetador.
El caso comenzó cuando la pasajera, identificada solo con las iniciales N.S., llegó a la isla tras un vuelo con escala en Catar. Su nerviosismo llamó la atención de los agentes aduaneros, quienes coordinaron con la policía local una revisión más exhaustiva.
Las autoridades usaron equipos de rayos X y detectaron objetos extraños dentro de su cuerpo y en la ropa que llevaba puesta. Posteriormente, se confirmó que transportaba más de un kilo de cocaína, droga que en Indonesia está penada con castigos extremos.
El jefe de la división de narcóticos de Bali, Radiant, explicó en una rueda de prensa que la intervención se produjo luego de un trabajo conjunto entre la aduana y la policía. Señaló que la mujer reconoció haber aceptado trasladar la droga a cambio de dinero, aunque evitó dar mayores detalles sobre la red que la contrató.
La promesa de 20 mil dólares y la conexión con la dark web
Según la investigación, la peruana confesó que aceptó la propuesta de un hombre con el que contactó en abril a través de la internet profunda. El sujeto le ofreció 20 mil dólares si lograba transportar la droga hasta Indonesia. La entrega de la mercancía se habría realizado en Barcelona, España, desde donde la mujer inició su viaje.
Los agentes señalaron que, además de la cocaína, se encontraron 85 pastillas de éxtasis escondidas en su sujetador. Con esta información, la policía indonesia intenta identificar a la persona que coordinó la operación en España y a la red criminal que recibiría el cargamento en Bali.
Las duras leyes de Indonesia contra el narcotráfico
Indonesia es conocida por su estricta política antidrogas. El tráfico de estupefacientes puede ser castigado con largas condenas de prisión e incluso con la pena de muerte. Actualmente más de 90 extranjeros cumplen sentencia en cárceles del país bajo esta figura, según el Ministerio de Inmigración y Servicios Correccionales.
La última vez que el país ejecutó a condenados por tráfico de drogas fue en 2016, cuando fusilaron a un ciudadano local y a tres nigerianos. Aunque en los últimos años no se han llevado a cabo ejecuciones, los procesos judiciales continúan imponiendo sentencias de muerte a quienes intentan ingresar grandes cantidades de droga.
El caso de la peruana coincide con el de una argentina condenada a siete años de prisión en julio, luego de que fuera descubierta intentando ingresar 244 gramos de cocaína en la misma isla. Ese mismo día, tres británicos recibieron penas de un año tras ser hallados con estupefacientes en su equipaje.
Investigación en curso y panorama internacional
Las autoridades indonesias mantienen bajo investigación el caso y buscan identificar a las personas que entregaron la droga en Europa. También indagan en las conexiones internacionales de la red que pretendía recibir el cargamento en Bali.
De acuerdo con un reporte de Amnistía Internacional, en 2024 Indonesia dictó 64 sentencias de muerte relacionadas con drogas, lo que refleja el endurecimiento de la lucha contra el narcotráfico en el país. La repatriación de algunos extranjeros condenados en los últimos meses ha sido una excepción y no un cambio de política.
La detención de la ciudadana peruana se suma a la lista de extranjeros que enfrentan procesos en Indonesia por delitos de narcotráfico. De confirmarse la acusación y tras el juicio correspondiente, la mujer podría recibir la pena máxima que contempla la legislación local.
