La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió un aviso a los bancos y cooperativas para que identifiquen y denuncien “actividades ilícitas” relacionadas al empleo de migrantes sin papeles.
El documento, que refleja la estrategia del gobierno estadunidense de endurecer el control migratorio a través del sistema financiero, se da unas semanas después de que el presidente Donald Trump emitió una orden para restringir créditos y servicios financieros a migrantes indocumentados, ya que no cuentan con los permisos para laborar en ese territorio (https://tinyurl.com/La-Jornada).
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que la administración del presidente Trump “no permitirá que los inmigrantes indocumentados abusen de las instituciones financieras” y justificó la medida como parte de la política para “restaurar la integridad del sistema financiero estadunidense”. La disposición se alinea con la Orden Ejecutiva 14406, publicada el 19 de mayo de 2026 en el Registro Federal de Estados Unidos.
El aviso señala que empleadores en sectores como el agrícola, la construcción, el servicio doméstico y la hostelería, entre otros, recurren a esquemas de nómina fraudulentos que ocultan la contratación de trabajadores indocumentados.
De acuerdo con el gobierno estadunidense, estos mecanismos incluyen robo de identidad, uso indebido de números de Seguro Social y Número de Identificación Fiscal Individual (ITIN), así como la creación de empresas fantasma y la utilización de intermediarios laborales para dispersar pagos sin retener impuestos.
Un caso citado por FinCEN expone cómo una red de estafadores extranjeros operó durante años, pagando ilegalmente a migrantes sin papeles y generando pérdidas superiores a 38 millones de dólares. Según el informe, en 2025 las instituciones financieras reportaron más de 2 mil 500 millones de dólares en operaciones sospechosas relacionadas con esquemas de fraude en la nómina.
El documento destaca que las instituciones financieras son “clave” para detectar y denunciar estas actividades, y ofrece 18 indicadores de alerta para identificar patrones sospechosos. Entre ellos, el uso intensivo de ITIN sin documentación de empleo válida, transferencias a través de empresas no registradas y pagos en efectivo o mediante aplicaciones entre particulares.
Para facilitar las investigaciones, FinCEN pide a las entidades incluir la clave “FINANCIALINTEGRITY-2026-A002” en los Reportes de Actividad Sospechosa (SAR). Además, recomienda reforzar la debida diligencia con clientes que presenten un ITIN, evaluando si puede representar un factor de riesgo.
La advertencia refleja la estrategia del gobierno estadunidense de vincular la política migratoria con la vigilancia financiera, trasladando a bancos y cooperativas la responsabilidad de reportar esquemas que puedan involucrar a trabajadores indocumentados.
Críticos de estas medidas señalan que esta política amplía la criminalización de la migración y delega en las instituciones privadas funciones de control que afectan a comunidades vulnerables, mientras se protege el interés fiscal y económico del gobierno estadunidense.
Esta acción se suma a una serie de medidas que buscan limitar la presencia de trabajadores sin documentos en Estados Unidos, al tiempo que genera presión sobre el sistema bancario para actuar como una extensión de la política migratoria federal.
