A orillas del río Bravo o en la frontera sur, las crisis migratorias son un espejo de la relación entre México y Estados Unidos. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se prepara para asumir la última emergencia, una oleada de migrantes haitianos que llevan casi una semana retenidos en un campamento bajo un puente que une Texas y el Estado de Coahuila. La Administración de Joe Biden ya ha comenzado la deportación de las cerca de 15.000 personas que lograron cruzar y que serán devueltas a otros países o acabarán en Ciudad Acuña, un municipio mexicano que corre el riesgo de convertirse en otro embudo como ya lo es Tapachula, en Chiapas, un muro de contención para las caravanas que llegan de Centroamérica. Pero a las escalofriantes imágenes de las capturas de los agentes fronterizos se une también un pulso diplomático por el futuro de esos migrantes.
El secretario de Estado Antony Blinken y el canciller Marcelo Ebrard hablaron por teléfono el lunes por la noche para abordar la crisis. Los dos coincidirán en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde planean tener una conversación en profundidad. México busca una mayor implicación de su vecino, reflejada también en la carta que López Obrador acaba de dirigir a Biden solicitando más apoyo económico a los programas sociales en Centroamérica.
Este planteamiento no es una novedad y -aunque Washington suele supeditar sus inversiones a la evaluación del desempeño de un país en la gestión de esos fondos- la necesidad de una respuesta conjunta, de carácter regional, se ha convertido en una prioridad para el Gobierno mexicano.
El responsable de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha explicado que en la frontera se concentró un “flujo reciente muy notorio, notable, de personas de origen haitiano que provienen de Brasil y de Chile, no de Haití, y tienen condición de refugiados en esos países”.
“No están solicitando ser refugiados en México, salvo un pequeño porcentaje. Lo que están pidiendo es que se les deje libre el paso prácticamente hacia los Estados Unidos”, ha agregado.
La ola migratoria se debe a que Washington amplió el pasado mes de agosto los plazos para un programa de protección temporal conocido como TPS. La decisión solo afecta a los haitianos que ya se encuentran en territorio estadounidense, pero provocó una suerte de efecto llamada como ocurrió a finales de 2020 tras la victoria de Biden frente a Donald Trump.
“La conversación versó sobre este tema particular y la necesidad de tener una respuesta regional, no solo sobre este flujo que ha atravesado todos los países de América Latina. Estamos hablando de Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México”, ha mantenido Ebrard, que también solicita el apoyo de Naciones Unidas para apoyar a Haití. El país caribeño acaba de sufrir un sismo devastador y atraviesa la enésima crisis política tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado mes de julio.
