Los abogados de cuatro militares procesados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa aseguran que su proceso se basa en las declaraciones no corroboradas de un testigo protegido y no en las imputaciones hechas en el informe de la Comisión de la Verdad.
“Los referidos militares no están sujetos a proceso por las imputaciones que se les hace en el informe formulado por el subsecretario Alejandro Encinas como presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), como maliciosamente se ha hecho creer a los familiares de los estudiantes desaparecidos y a la opinión pública”, dijeron Alejandro Robledo y César Omar González en conferencia de prensa afuera del Campo Militar.
“No existen evidencias de que los militares tuvieran relación con ningún grupo criminal, ni de que hayan tenido contacto alguno con los 43 estudiantes desaparecidos y por ende participado en forma alguna en dicha desaparición”, agregaron.
La defensa de los militares aseguró que las declaraciones del testigo protegido “Juan” refieren datos falsos; como ejemplo, se expuso que cuando se detuvo a Reynaldo Benítez Palacios, alias “El Huaraches”, dijeron que se encontraba también el narcotraficante Mario Casarrubias, sin embargo, dicho personaje estaba preso.
En contraste, los abogados argumentaron que las declaraciones de los militares están totalmente corroboradas.
La defensa aseveró que el informe elaborado por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y Población, “se encuentra plagado de falsedades, conjeturas y especulaciones”.
Reprocharon que antes de la difusión del informe, no había indicio de que existieran capturas de pantalla de las conversaciones que se dieron a conocer y cuestionaron su procedencia, “lo cual hace muy probable que lo que se está presentando por parte de Alejandro Encinas se trate de conversaciones falsas”.
Argumentan que las conversaciones presentadas tienen continuamente faltas de ortografía, por lo que puede ser un indicativo de que las capturas presentadas pudieron ser realizadas por una sola persona.
La defensa expresó que las conversaciones presentadas son incongruentes con el resto de la investigación.
En el informe presentado por el gobierno se asegura que los acusados “tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo”, sin embargo, la defensa de los militares explicó que no hay evidencia de dicho conocimiento, pues los acusados no sabían la intención de los policías de “entregarlos al grupo criminal en vez de a la autoridad competente”.
Los abogados rechazan que un día el presidente de la covaj presente acusaciones contra militares, y al otro día se anuncie el libramiento de órdenes de aprehensión contra ellos.
“Pedimos al subsecretario, Alejandro Encinas, presidente de la covaj, deje de estar politizando las investigaciones, para que los padres de los estudiantes desaparecidos y todo México puedan realmente conocer la verdad”, finalizan.
El 21 de septiembre, un juez dictó auto de formal prisión contra el general José Rodríguez Pérez por delincuencia organizada y el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel por delincuencia organizada y desaparición forzada.
