La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal acusó al ministro Javier Laynez de pretender anular el ‘Plan B’ en materia electoral, con base en una supuesta confusión que nunca existió.
En un pronunciamiento, el área jurídica de Presidencia aseguró que, de acuerdo con el proyecto del juzgador, la oposición no tuvo posibilidad de conocer el contenido de la reforma para poder analizarla antes de que fuera votada.
Sin embargo, desde su punto de vista, lo que realmente ocurrió es que los legisladores de las bancadas minoritarias no estuvieron atentos a los trámites parlamentarios y, tampoco, a la conducción del diputado del PAN, Santiago Creel, durante la sesión ordinaria en la que se votó la reforma.
«El ministro instructor refiere en su proyecto que hubo una confusión que impidió a los diputados de las minorías saber qué propuesta se estaba discutiendo. La confusión que atribuye el ministro Javier Laynez a la oposición es una apreciación personal que no debería formar parte del análisis de la constitucionalidad de las normas impugnadas», refiere.
«Que los diputados de oposición no hayan puesto la debida atención a la publicación de la iniciativa y a la conducción de la Mesa Directiva a cargo del diputado Santiago Creel Miranda, no es razón suficiente para invalidar una ley aprobada por la mayoría del Congreso de la Unión».
De acuerdo con la Consejería Jurídica, el ministro Laynez decidió utilizar este criterio, a pesar de que no fue invocado por quienes impugnaron el ‘Plan B’ ante la Corte.
«En su proyecto de sentencia, el ministro pretende incorporar un hecho no invocado por la oposición para invalidar el ‘Plan B’ electoral, lo cual vulneraría el principio de imparcialidad que debe regir el actuar de todo órgano jurisdiccional, tal y como lo dispone expresamente el artículo 17 constitucional», alertó Presidencia.
También lo acusó de modificar un criterio sobre los alcances de la Corte para opinar sobre los procesos internos del Poder Legislativo y las razones para declarar una dispensa de trámites.
«Durante la sesión del pleno de la SCJN, celebrada el 8 de mayo de 2023, el ministro defendió la imposibilidad de exigir al Congreso de la Unión una fundamentación o motivación precisa para la dispensa del trámite ordinario al afirmar:
«… no podemos juzgar los méritos que la Cámara tenga para la urgente y obvia decisión». No obstante, ahora cambia su criterio sin exponer razón alguna».
