Durante su comparecencia ante el Congreso, el Secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, manifestó que “la instrucción es erradicar la corrupción que imperó en el sexenio pasado y aplicar la ley en todo momento.
Dejo en claro, que en su llegada a la SOP, recibieron documentos y discos compactos con supuestos registros de recursos humanos, materiales y financieros incompletos, información superficial e insuficiente con un evidente desmantelamiento en el rubro de mobiliario y equipo.
“Reiteradamente, contratistas y proveedores manifestaron la discriminación de que fueron objeto durante la pasada administración” añadió Pedro Cepeda Anaya.
Dijo que está etapa, se caracterizó por la práctica de conductas al margen de la ley, por lo que empresarios de la construcción local y de la región, se vieron en la necesidad de cerrar operaciones o emigrar del Estado, debido a las pocas expectativas de trabajo que había.
“Lo enfrentaron con el pasado gobierno estatal, en donde las asignaciones se daban a discrecionalidad, no tanto por el cumplimiento de las bases contenidas en las licitaciones”.
El funcionario reveló ante los Diputados, que en muchos casos se otorgaban trabajos a empresas de reciente creación, sin la experiencia técnica, profesional, y sin la capacidad financiera que los proyectos de obra gubernamentales exigen.
“Encontramos también que algunos contratistas no contaban ya con recurso para continuar la obra, en virtud de que se les habían requerido fuertes sumas de dinero al margen de lo legalmente pactado” abundó.
Durante la comparecencia, explico que estás situaciones derivaron que obras de subita importancia como el Hospital de Ciudad Madero, se vean gravemente afectadas.
“Fueron licitados también, los Trabajos de valoración, análisis y proyecto de reforzamiento estructural del hospital de Ciudad Madero, obra que no ha podido terminarse por las fallas estructurales con las que se encuentra, además de los litigios que surgieron por el incumplimiento de los compromisos contraídos por parte de los contratistas”.
Señalo que también se realizaron dos licitaciones en el año 2019, para la contratación relativa a “Revisión y actualización de proyecto ejecutivo Hospital General”, de Madero, trabajos que no aportaron resultados determinantes, solo un gasto de 7 millones de pesos en sus dos etapas.
“En la anterior administración 2016-2022, se daba el caso en la adjudicación de contratos, que en un mismo concurso, participaban empresas distintas con accionistas que eran familiares obteniendo contratos millonarios de forma irregular. Sin respaldo alguno que garantizara la ejecución de la obra y el cumplimiento de las cláusulas” indico.
Actualmente la Secretaria según el funcionario, se encuentra en proceso de reconstrucción, tras el saqueo, corrupción y voracidad de los funcionarios inmorales de Cabeza de Vaca.
“Guiados por intereses personales, al margen de la ley y a costa de la obra pública, así como del bienestar y progreso de la sociedad tamaulipeca”
Dijo que la Secretaria de Obras Públicas se convirtió en un gran negocio familiar del ex Gobernador, “violando la ley de forma cínica e irresponsable”.
Cabe mencionar que solo en la información generada en el proceso entrega recepción, fuero identificados contratos realizados durante el anterior sexenio 2016-2022, y en donde se ejercieron 21 mil 280 millones 229 mil 437.64 pesos.
“Se desprende claramente un inadecuado manejo de las asignaciones de obra, toda vez que los trabajos se concentraron en 45 empresas a las que el Estado destinó 10 mil 787 millones 332 mil 811.52 pesos. Esto es más del 50 por ciento del presupuesto total ejercido”.
Para cerrar su participación denunció, que existen testimonios que afirman que del total ejercido por ese gobierno voraz, un importante porcentaje fue igualmente desviado teniendo como destino el pago de las cuotas establecidas por los malos servidores.
Además de que el tráfico de influencias fue la constante en la Secretaria de Obras Públicas (SOP) que fue presidida por la ingeniero Cecilia del Alto López.
“Como ya lo comenté, se crearon empresas, que además de inexperiencia, tenían objetos sociales diferentes a los requeridos en las licitaciones”.
Detalló, que cuatro de estas empresas con domicilio en Reynosa, Tamaulipas, están relacionadas entre sí y recibieron contratos mediante procesos de concurso irregulares.
“Dos de estas empresas, constituidas en el mismo año 2016, cuando iniciaron su participación en los concursos de obra pública estatal”.
Advirtio, que cuenta con evidencia que personal de la Secretaría de Obras Públicas de la pasada administración se registró como accionista e igualmente recibió contratos millonarios.
“Por demás esta mencionar el saqueo realizado en mobiliario y equipo, incluido el parque vehicular que fue entregado en pésimas condiciones y algunos automóviles, fueron adquiridos por sumas irrisorias por funcionarios de dicha administración” finalizo.
