Elementos de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), cumplimentaron una nueva orden de aprehensión contra Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El cumplimiento de dicha orden de detención atendió a un trabajo en colaboración con la Fiscalía General del Estado de (FGE) Veracruz, misma que investiga la presunta responsabilidad del ex mandatario local en un caso de desaparición forzada. Al tratarse de un delito grave, se determinó que el ex priista, de 48 años, permanecerá en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.
A través de un comunicado oficial, la PDI informó a la opinión pública que la carpeta de investigación refiere que “el aprehendido posiblemente esté relacionado con el hallazgo de los restos de 19 personas, en enero de 2016, en una barranca conocida como La Aurora, municipio Emiliano Zapata, estado de Veracruz, a escasos metros de la academia de policía”.
De acuerdo con la indagatoria iniciada por la FGE de Veracruz, como gobernador, Duarte de Ochoa posiblemente estaría relacionado con la desaparición y manipulación de información sobre las 19 personas halladas durante su mandato y que fueron identificados el 4 de abril de 2018.
Por su cuenta, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que la notificación se realizó al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte; sin embargo, Duarte se negó a firmar la notificación de la fiscalía veracruzana, por lo que se solicitaron videograbaciones para que se constatara la notificación de la orden de aprehensión.
Cabe recordar que los casos promovidos por las autoridades mexicanas contra Javier Duarte, hasta antes de esta notificación, estaban relacionados a conductas delictivas referentes a su presunta responsabilidad en actos de corrupción y desvío de recursos. Esto quiere decir que la sentencia que pudiera obtener por el delito de desaparición forzada, se añadiría a los procesos de peculado, peculado agravado y delito electoral.
Asimismo, la presentación de este nuevo delito no es nueva, pues desde septiembre del año pasado, el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México informó a Duarte que existe una orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición forzada.
De acuerdo con la investigación realizada en Veracruz, la orden de aprehensión atiende al caso de la desaparición y asesinato de David Lara Cruz, quien trabajaba en la Secretaría de Seguridad Pública de local de esa entidad. El caso especifica que Lara Cruz fue secuestrado por otros integrantes de la Secretaría de Seguridad cuando salía de las instalaciones de evaluación y control.
Asimismo, se señala la presunta responsabilidad de Duarte de Ochoa pues supuestamente ordenó al ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras ocultar la cifra total. También se ocultó el hallazgo de Gilberto Aguirre y Carlota Zamudio, quienes fueran mandos de la misma fiscalía.
Las investigaciones en torno al gobierno de Duarte en Veracruz han captado la atención mediática desde finales del sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN); sin embargo, recientemente se informó que Gabriel Deantes Ramos, ex colaborador del gobernador priista, deberá pagar 1,580 millones de pesos que fueron desviados del Seguro Popular, así lo determinó el miércoles el pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Por unanimidad, los magistrados coincidieron que los alegatos de Deantes Ramos, quien ocupó varios cargos en el gobierno veracruzano como el de subsecretario de Finanzas, carecían de sustento, por lo que ratificó la sanción en su contra que ya había emitido la Dirección General de Responsabilidades de la Unidad de Asuntos Jurídicos, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La ASF y testigos colaboradores en el caso del exgobernador, señalaron que Deantes Ramos era responsable de la omisión de administrar los recursos federales recibidos del programa del Sistema de Protección Social en Salud “Seguro Popular” en 2013 por un importe de más de 1,580 millones de pesos, debido a que esos recursos no fueron entregados a los entes ejecutores, lo que además género rendimientos financieros calculados en 183,922 pesos.
