El pasado martes 25 de julio el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargados de investigar la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, presentó su sexto y último informe en el que se confirma que dicho delito fue un crimen de Estado.
Los hallazgos muestran que prácticamente todas las autoridades -desde las locales hasta la federal-, fueron culpables de la desaparición forzada de los jóvenes en complicidad con la delincuencia organizada y que, por esa misma complicidad, las fuerzas armadas han interferido para frenar las investigaciones.
La interferencia es la principal causa por la cual el GIEI dio por concluida su participación en el caso.
Declaraciones graves que deberían llevar a una profunda investigación al interior del gobierno federal. Declaraciones que lejos de mover a la acción para que nunca se repita un caso similar, simplemente molestaron al presidente de la República quien de inmediato atacó al GIEI, bajo la excusa de que éstas son parte de una campaña de desprestigio en contra de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, a casi 9 años del hecho y tras haber pasado dos administraciones federales, 2 presidentes, 4 procuradores generales de la República, 1 fiscal general, 5 secretarios de gobernación, 3 gobernadores de Guerrero y un sin fin de funcionarios, es evidente que las complicidades han inhibido el acceso a la verdad y la justicia tanto para las familias de los desaparecidos como para toda la sociedad.
Con el rechazo a analizar los resultados de los informes y el ataque al GIEI, López pierde la oportunidad de limpiar las instituciones; se cierra a evaluar qué puede mejorar del desempeño de su administración; muestra un carácter autoritario e incumple su promesa de campaña de resolver el caso.
Debemos recordar que si alguien capitalizó el terrible hecho ocurrido el 26 de septiembre de 2014 fue López: en un momento en el que el gobierno del entonces presidente Peña recolectaba éxitos, había logrado reformas importantes en diversos sectores; logrado la captura del Chapo Guzmán; mantenía a la baja los homicidios y obtenía reconocimiento y prestigio internacional, el caso Ayotzinapa fue un duro golpe para ese gobierno, mismo del que nunca pudo reponerse.
López fue rápido y hábil en deslindarse de la relación con el presidente municipal de Iguala, Abarca y del gobernador de Guerrero, Aguirre -ambos políticos impulsados por él mismo-; inició una campaña en redes sociales -con el apoyo de Epigmenio Ibarra-, para exigir que el gobierno federal entregase con vida a los 43 estudiantes; construyó mensajes en contra de la estrategia de seguridad de las administraciones de Peña y Calderón y aprovechó para culpar de todo a Policía Federal.
En contraste, el entonces gobierno federal erró el manejo de la crisis, recibió todos los golpes y responsabilidades y aparentemente ayudó a encubrir a los responsables del delito.
Más allá de los dichos de López, el resultado de las investigaciones del GIEI prueban algo gravísimo, la complicidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con la delincuencia organizada.
En los documentos que sustentan las conclusiones del GIEI, queda manifiesto que la Sedena, días después de que se consumase el hecho, supo donde podrían estar algunos de los estudiantes -aparentemente con vida-, y simplemente dejaron de actuar.
Falta un año para que termine el sexenio de López, un gobierno que pasará a la historia como el más violento e impune.
No obstante, el legado más dañino que nos dejará es el de unas fuerzas armadas, involucradas en casi la totalidad del funcionamiento del Estado, sin contrapesos o mecanismos de rendición de cuentas que frenen los abusos y corrupción de éstas.
¿Cómo le hará el siguiente mandatario para que los militares respeten la ley? ¡Difícil saberlo! Si 9 años después de los terribles hechos de Ayotzinapa los soldados son capaces de ocultar información, parar las investigaciones de un caso mundialmente famoso y obtener el salvoconducto del presidente ¿cómo podremos garantizar una buena actuación de las instituciones castrenses en los miles de tareas que ejecutan sin control?
Tareas tan delicadas como el control de fronteras, aduanas, aeropuertos, flujos migratorios, definición de las políticas de seguridad y desarrollo de infraestructura que permiten que se consoliden las redes de corrupción y colusión con más delincuencia organizada y que nos ponen a todos los mexicanos en riesgo de ser víctimas de desaparición forzada.
