La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este viernes que su gobierno está evaluando las implicaciones de la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Para ello, se ha conformado un equipo de abogados que analiza los efectos jurídicos y económicos de esta medida.
En su conferencia matutina del 24 de enero, Sheinbaum explicó que la medida podría generar problemas económicos para organizaciones no vinculadas con el crimen, por lo que se estudiará la posibilidad de plantear una propuesta alternativa a Estados Unidos. “Lo que estamos haciendo es un análisis de qué implicaciones tendría para diversas organizaciones que no están vinculadas, pero que podrían verse afectadas por esta decisión”, señaló.
La mandataria recordó que la orden ejecutiva firmada el 20 de enero establece un periodo de análisis de 14 días, lo que permitirá definir la postura del gobierno mexicano. Asimismo, cuestionó si la clasificación de los cárteles como terroristas contribuirá realmente a combatir sus actividades delictivas. “El tema aquí es si ayuda la definición de organizaciones terroristas a combatirlas”, sostuvo.
Sheinbaum también destacó que México ya cuenta con una estrategia de seguridad enfocada en combatir la producción de drogas y frenar el consumo de fentanilo. Enfatizó la necesidad de una cooperación integral con Estados Unidos, abordando tanto el crimen organizado como el problema de salud pública que representa el consumo de estupefacientes. “Nosotros creemos que no ayuda (…). Tenemos una estrategia integral y en esa estrategia puede haber colaboración y coordinación”, afirmó.
El contenido de la orden ejecutiva de Trump
Como parte de sus primeras acciones tras su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Entre los argumentos que justifican esta medida, señala que:
Los cárteles representan una amenaza para la seguridad nacional más allá del crimen organizado tradicional.
Han desatado una ola de violencia en el hemisferio occidental, desestabilizando países clave para los intereses de EE.UU.
Controlan el tráfico ilegal a través de la frontera sur estadounidense mediante el uso de la fuerza y la violencia extrema.
En ciertas regiones de México, operan como entidades cuasi gubernamentales, controlando amplios sectores de la sociedad.
Sus incursiones en territorio estadounidense representan un riesgo inaceptable para la seguridad nacional.
Tras la firma de la orden, un periodista cuestionó a Trump sobre la posibilidad de que esto implique acciones directas en territorio mexicano, a lo que respondió: “Podría pasar, han pasado cosas más extrañas”.
