El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva para reformar el sistema electoral, imponiendo nuevos requisitos que incluyen la presentación de prueba documental de ciudadanía para registrarse como votante en elecciones federales y la recepción de boletas a más tardar el día de los comicios.
La medida, que podría enfrentar impugnaciones legales debido a la autonomía de los estados en la organización electoral, argumenta que el país ha fallado en garantizar la integridad del proceso electoral. Asimismo, la orden insta a las entidades estatales a colaborar con agencias federales para compartir listas de votantes y combatir presuntos delitos electorales, amenazando con la retención de fondos federales para aquellos estados que no acaten las disposiciones.
Esta acción ejecutiva refuerza el discurso de Trump sobre la seguridad electoral, una postura que ha mantenido desde su derrota en las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden. El expresidente ha cuestionado repetidamente los mecanismos de votación, especialmente el voto por correo, al que ha acusado sin evidencia de ser vulnerable al fraude.
El requisito de prueba documental de ciudadanía también refleja un posible desinterés de Trump por esperar la aprobación legislativa de la Ley de Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense (Ley SAVE), que busca establecer las mismas restricciones.
Los defensores de derechos electorales han manifestado su preocupación, destacando que aproximadamente 21,3 millones de ciudadanos en edad de votar carecen de una prueba de ciudadanía fácilmente accesible. También advierten sobre posibles dificultades para mujeres casadas que han cambiado su apellido y cuya documentación no coincida con su acta de nacimiento.
La orden también instruye a agencias federales, como el Departamento de Seguridad Nacional y la Administración del Seguro Social, a compartir información que facilite la identificación de no ciudadanos en las listas de votantes. Adicionalmente, exige que los votos sean emitidos y recibidos antes de la finalización del día electoral, lo que podría afectar a 18 estados y Puerto Rico, donde actualmente se permite la recepción tardía de boletas con matasellos previo al cierre electoral.
Líderes demócratas y activistas han calificado la medida como ilegal e inmoral. La secretaria de gobierno de Colorado, Jena Griswold, acusó a Trump de politizar el proceso electoral, mientras que el representante demócrata Joe Morelle de Nueva York anunció posibles acciones legales contra la orden. El abogado Marc Elias aseguró en redes sociales que la norma «no se sostendrá» y que procederá con demandas.
Por otro lado, figuras republicanas como el secretario de gobierno de Georgia, Brad Raffensperger, han respaldado la medida, considerándola un paso clave hacia la integridad electoral. El representante Bryan Steil de Wisconsin celebró la acción como un refuerzo para proteger las elecciones de influencias extranjeras.
El Comité Nacional Republicano también ha intensificado sus esfuerzos para examinar la gestión de los registros de votantes en 48 estados y Washington, D.C., enfatizando la necesidad de depurar listas de personas fallecidas y no ciudadanos.
Trump enfatizó en la firma de la orden que su objetivo es erradicar el fraude electoral: «Esto le pondrá fin, con suerte», declaró, anticipando que en las próximas semanas se anunciarán nuevas medidas en materia electoral.
