La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto una carpeta de investigación tras un presunto allanamiento llevado a cabo por miembros del Ejército Mexicano en el domicilio de una mujer embarazada en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La denunciantes, Priscilla Jasso Romero, quien tiene nueve meses de gestación, relató que el incidente ocurrió en la colonia Arboledas cuando varios milicianos irrumpieron en su casa sin presentar una orden judicial.
El expediente de la investigación está registrado como FED/TAMP/NVO.LAR/0001943/2026. Según los reportes, tres camionetas del Ejército llegaron al domicilio, y uniformados con los rostros cubiertos ingresaron sin ninguna justificación clara. Priscilla refirió que al ser interrogada sobre el motivo de la incursión, los elementos no le proporcionaron información concreta, lo que intensificó su inquietud.
La joven, que en un principio fue puesta en duda acerca de su estado de embarazo, se sintió obligada a mostrar físicamente su pancita a los militares para corroborar su condición. «Estaba en mi domicilio y de repente llegaron… y se metieron hasta dentro de mi casa», declaró.
Los efectos emocionales del incidente han llevado a la mujer a buscar atención médica para asegurar el bienestar tanto de ella como de su futuro hijo. “Me asusté bastante porque estoy embarazada”, compartió, enfatizando que el susto resultó en un estado de alarma que la llevó a la consulta médica.
Con la apertura de esta investigación, el Ministerio Público Federal se encargará de recolectar testimonios y pruebas relevantes que esclarezcan las circunstancias del allanamiento y la legitimidad de las acciones de los militares involucrados. La denunciantes exige a las autoridades que se asegure su protección y se lleve a cabo un proceso transparente que garantice el respeto a sus derechos y responsabilidades correspondientes en este caso.
Esta situación ha reabierto el debate sobre los derechos de los ciudadanos frente a las acciones de las fuerzas de seguridad, resaltando la importancia de las intervenciones legítimas y respetuosas de la legalidad y los derechos humanos en México.
