El cantante Pablo Montero fue ayer uno de los hombres más requeridos por la prensa de espectáculos. La razón: la publicación de una revista del llamado periodismo rosa que aseveró que lo buscaba la Interpol debido a una petición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, estado donde presumiblemente atacó sexualmente a una mujer en una fiesta luego de un concierto que ofreció en Tapachula.
La acusación de “delito sexual” sí fue realizada, como confirmó la instancia de justicia; sin embargo, informó que era “falso” que existiera “una orden de solicitud de colaboración de Interpol para la localización y/o presentación en contra de Óscar Antonio N, de ocupación cantante, conocido como Pablo Montero, como se ha difundido erróneamente en algunos medios de comunicación”.
Además, Emilio Morales, publirrelacionista del cantante, confirmó a La Jornada la tarde de ayer que la querella “sí existía, pero la retiraron tras un arreglo de un millón de pesos con la denunciante”, según compartió. Por esto, aparentemente, Montero, quien hace poco encarnó a Vicente Fernández en una serie de Televisa, la libró.
La FGE había dicho que Óscar Daniel Hernández Rodríguez –nombre real del cantante– presuntamente fue señalado por hechos cometidos en una fiesta a la que acudió después de un espectáculo en Chiapas. La dependencia dijo que se presentó “una denuncia ante el fiscal del Ministerio Público de Delitos Sexuales de Tapachula, por su presunta responsabilidad en el ilícito de violación, en agravio de Ximena N, hechos ocurridos en Tapachula, el pasado 7 de enero del presente año”.
Fuentes de la fiscalía agregaron que después del espectáculo Montero y un grupo de amigos fueron a las instalaciones de un hotel-cabaña, en las que la mujer supuestamente sostuvo relaciones sexuales con uno de los amigos del cantante la madrugada del 7 de enero. Después, Montero presuntamente abusó de ella, de acuerdo con la denuncia.
No obstante, según las fuentes, la mujer supuestamente se contradijo, además de que retiró el cargo contra el intérprete y no ratificó la denuncia para que se procediera legalmente.
La Fiscalía General del Estado aseguró que “refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar el estado de derecho y reitera que ninguna conducta delictiva quedará impune”.
